• Revista Adynata

La acción psicológica. Dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones (1955-1981) /Julia Risler

Introducción


Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho va más allá, produce cosas ,induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir. Michel Foucault


¿Qué significa la palabra "contrarrevolución"? Por ésta no debe entenderse solamente una represión violenta - aunque, ciertamente, la represión nunca falte. No se trata de una simple restauración del ancien régime, es decir del restablecimiento del orden social resquebrajado por conflictos y revueltas. La "contrarrevolución" es, literalmente, una revolución a la inversa. Es decir: una innovación impetuosa de los modos de producir, de las formas de vida, de las relaciones sociales que, sin embargo, consolida y relanza el mando capitalista. La "contrarrevolución", al igual que su opuesto simétrico, no deja nada intacto. Determina un largo estado de excepción, en el cual parece acelerarse la expansión de los acontecimientos. Construye activamente su peculiar "nuevo orden". Forja mentalidades, actitudes culturales, gustos, usos y costumbres, en suma, un inédito common sense. Va a la raíz de las cosas y trabaja con método. Pero hay más: la "contrarrevolución" se sirve de los mismos presupuestos y de las mismas tendencias - económicas, sociales y culturales - sobre las que podría acoplarse la "revolución", ocupa y colonizar el territorio del adversario y de otras respuestas a las mismas preguntas . Paolo Virno



La dimensión productiva de la dictadura


La última dictadura cívico-militar argentina (19761983) proclamó entre sus objetivos “terminar con el desorden”, “erradicar los vicios” y “transformar las bases de la sociedad argentina”. Para alcanzarlos desplegó durante todo el período dos estrategias sistemáticas: la “administración de la muerte”, ejecutada a partir de la llamada “lucha contra la subversión”, que tuvo en los centros clandestinos de detención, los enfrentamientos fraguados, los vuelos de la muerte y los asesinatos diferenciales sus caras más evidentes; y la “gestión de la vida”, que descansó en la creación de políticas culturales, educativas y comunicacionales. Esta última estuvo orientada a regular la opinión pública y disciplinar a la sociedad a in de eliminar cualquier alteración considerada una amenaza al statu quo, buscando generar formas de consenso y amedrentamiento sobre el conjunto de la sociedad. Este conjunto de mecanismos respondió a una estrategia castrense de acción psicológica orientada a regular las conductas de la ciudadanía, inculcar valores y estimular la adhesión y participación dentro de los objetivos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.


Sobre la primera estrategia mencionada, existe un nutrido conjunto de investigaciones académicas y periodísticas, que se suman a las judiciales y a una temprana publicación elaborada por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP): el Nunca Más (1984). Estas indagaciones dan cuenta de los modos en los cuales el régimen militar ejerció sistemáticamente la coerción sobre los cuerpos a través del terrorismo de Estado. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales operó sobre “las almas”, a in de preservar “los valores éticos y morales, el orden, la familia y el estilo de vida nacional”, constituyen una dimensión de muy reciente análisis y sobre la cual queda mucho por decir todavía. Sobre ella inicié esta investigación a partir de una beca de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Mi hipótesis de partida fue que esta estrategia constituyó una dimensión productiva que se articuló al accionar represivo de los militares. Una forma de “poder productivo”, como propone Foucault, consistente en un conjunto de técnicas y herramientas desplegadas por el régimen militar para convocar a la población a la participación y lograr su apoyo a través de la regulación de sus actitudes, valores y comportamientos.


Comencé relevando el aspecto más visible de esta estrategia: la propaganda. Me interesaba indagar sobre el uso que dio el gobierno militar a la gráfica y a los recursos audiovisuales para la construcción de consenso en la sociedad civil. La idea de analizarla vino de la mano de Pablo, mi compañero afectivo y político, con quien discutíamos en ese momento acerca de la necesidad de profundizar en un análisis sobre las estrategias y tácticas de las élites, algo que ya veníamos haciendo en procesos de co-investigación en diversos espacios sociales, políticos y culturales, a través del proyecto Iconoclasistas. Ya contaba en ese momento con una colección dispersa y desordenada de revistas del período, que había ido recopilando motivada por la curiosidad. Me llamaba la atención la insistencia de estas publicaciones en ciertas temáticas, como la labor de las fuerzas armadas en el combate contra el enemigo, los artículos a color sobre la nueva Argentina, los avisos de propaganda sobre las responsabilidades atribuidas a determinados roles sociales (la maestra, la madre, el empresario, el obrero), la cuidada selección de imágenes en diálogo con las portadas de diarios y revistas. Era notable cómo la difusión de temas, imágenes y enfoques construía un marco discursivo retórico que brindaba al público un espacio de inteligibilidad (que mostraba y ocultaba a la vez) sobre la realidad cotidiana. Eran de publicación diaria o semanal, y se distribuían en todo el país. Asimismo, las propagandas y publicidades comerciales incluidas en las publicaciones se destacaban por el uso de un lenguaje bélico, un tono imperativo para dirigirse al público, y un repertorio de imágenes cuidadas que conformaban toda una usina de sentidos y valores. En su lectura de conjunto, estructuraban un contradiscurso que funcionaba como una respuesta crítica y censora a ciertos imaginarios pregnantes en la juventud de los años sesenta y setenta: la vía socialista como alternativa al sistema de opresión capitalista, el cambio y la participación política como valores fundamentales, los movimientos feministas como espacios para la organización y liberación de las mujeres, la rebeldía de la juventud como uno de los principales motores de transformación social, cultural y política. Para constituir el corpus de análisis sumé a mi colección personal material relevado en las hemerotecas de la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional, y en archivos privados. Trabajé sobre las siguientes revistas: Gente (1975/1984), Siete Días (1975/1983), Para Ti (1976/1983), Mercado (1978/1983), Somos

(1976/1983). Y los periódicos La Nación (1976/1983), Clarín (1976/1983), La Prensa (1975/1976), La Opinión (1977/1979), La Razón (1976-1978).


El trabajo hemerográfico me demand́ó much́ísimo tiempo, pero a medida que avanzaba fueron apareciendo nuevos desafíos. Si en un primer momento me enfoqué sobre la propaganda oficial del régimen, pronto tuve que problematizar ese concepto e incluir la propaganda “oficiosa”, es decir, la elaborada por sectores civiles, así como a un notable conjunto de recursos periodísticos que, en su articulación y repetición, conformaban un discurso homogéneo que daba forma a esta usina propaladora de narrativas afines al discurso del régimen militar. Así, a las campañas de propaganda oficial –con sus avisos sobre el éxito en la lucha contra la subversión, la invocación al buen ciudadano, y las más recordadas, como las del Mundial de Fútbol (1978) o las de la guerra de Malvinas (1982)– se sumaron las procedentes de otros sectores sociales, empresariales, publicitarios o eclesiásticos, que elaboraron avisos afines a la retórica oficial. Esto también fue visible en las publicidades comerciales, no sólo a través de su participación en diversas campañas de propaganda propuestas desde organismos oficiales, sino en la utilización de un lenguaje belicista, amenazante o de glorificación de la actuación de las fuerzas represivas y de seguridad. Finalmente, incluí los recursos periodísticos más llamativos y repetidos por los medios gráficos de comunicación: la construcción de imágenes antagónicas comparando el “ayer/hoy”, el uso estratégico de titulares y portadas de diarios y revistas para notificar los “logros” del régimen, las fotografías a color de la “algarabía” ciudadana durante el Mundial, o con el desembarco en Malvinas, entre otras.


Leyendo otros artículos e investigaciones sobre propaganda y medios en dictadura, e intentando esbozar hipótesis acerca de cuáles fueron las razones o los intereses a los cuales respondían estas coincidencias temáticas desde sectores tan diversos, me encontré con el artículo de Marino y Postolski (2006) titulado “Relaciones peligrosas. Los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios”, donde afirmaban que dentro de la Secretaría de Información Pública (SIP) funcionó un “departamento de acción psicológica” encargado de producir gran parte del material gráfico y audiovisual de la propaganda gubernamental. Esto me abrió una nueva dimensión de análisis: si la propaganda formaba parte de una estrategia de acción psicológica, la razón de este tipo de coincidencias entre sectores tan diversos seguramente respondía a una planificación inmamente elaborada con alcance amplio y de aplicación sistemática. Para corroborar estas intuiciones, debía conseguir los reglamentos y doctrinas castrenses locales, rastrear sus aspectos normativos, identificar a los organismos estatales y castrenses que regularon su aplicación, y definir el insumo y las fuentes de las cuales se nutrieron para poder desplegarse con eficacia. Comencé entonces la búsqueda en los archivos de estos reglamentos, decretos y disposiciones oficiales que debían regular esta estrategia. Y en este camino, ocurrió un hecho trascendental.


En enero de 2010, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmó el Decreto No4 que desclasificó y tornó accesible al público toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas”[1] durante la última dictadura militar. Esto desburocratizó [2] el acceso a dicha documentación, y hoy puedo afirmar que sin esa desclasificación esta investigación no podría haberse llevado cabo. Parte del material que analicé provino del Ejército a través del Ministerio de Defensa, otra parte esencial fue relevada en los archivos de organizaciones de derechos humanos y otra fue provista por abogados que intervienen en los juicios a los militares.


En julio de 2010, mediante una nota elevada al Ministerio de Defensa, solicité a las Fuerzas Armadas la documentación obrante en sus archivos, referida a reglamentos y documentos que regularon la actuación de la estrategia de acción psicológica. El pedido presentado a la Fuerza Aérea fue contestado telefónicamente por el comodoro Guillermo Tealdi, jefe de Relaciones Institucionales de la Fuerza Aérea, quien demostró la mayor disposición a atender mi pedido y se comprometió a averiguar acerca de la documentación solicitada. Sin embargo, según sus palabras, no encontró nada al respecto. Manifestó: [en la Fuerza Aérea] “somos desprolijos”, “no tenemos nada”, “no tenemos patrimonio histórico de esa época”, “tenemos miedo de guardar material (aunque sea como curiosidad) que pueda comprometer nuestra integridad física o intelectual”. Estas afirmaciones públicas se justificaban ante el hecho de que el Ministerio de Defensa visitaba las dependencias militares solicitando cualquier tipo de material documental sobre el período de la dictadura. Y, debido a las sanciones y a los juicios a los represores en curso, también señalaba el temor a conservar estos materiales o cualquier otro relacionado. Finalmente, Tealdi subrayó en tono cómplice que “le resultaba inimaginable que se haya hecho una cosa así”, refiriéndose a la acción psicológica, y cerró la comunicación con un contundente: “si encuentro algo en un cajón le prendo fuego”.


Desde la Marina se comunicó por teléfono el contralmirante Carlos Castro Madero, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada Argentina. Pautamos una reunión en el edificio Libertad, en Retiro, en el mismo piso donde “Massera tenía su sala de reunión”, según se encargaron de aclararme. Fui acompañada por Pablo, mi compañero, y a la reunión asistieron Castro Madero, Rodolfo Claudio Neuss (capitán de navío, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales), Daniel Ramallo (contacto comunicacional con prensa) y un marino retirado y egresado de una de las primeras camadas de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. La reunión se desarrolló en un clima cordial, nos ofrecieron café, hubo anécdotas sobre viajes en barco, y algunos rodeos hasta abordar realmente la cuestión. Castro Madero me preguntó qué era lo que necesitaba, porque según él no le terminaba de quedar claro a qué me refería con “acción psicológica”. Le comenté brevemente sobre mi investigación y lo primero que dijeron todos, de una u otra manera, era que “no tenían documentación alguna de la época”, que “se la habían dado a la justicia”, que “habían pasado muchos años”, que “ahora [la fuerza] estaba en un nuevo paradigma” (refiriéndose a la política de derechos humanos impulsadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner). La reunión duró cerca de dos horas y no me permitieron grabarla, alegando razones de seguridad.


Insistieron en que ellos no tenían nada acerca de la acción psicológica y expresaron que, aunque quisieran, no podrían implementarla ya que es algo que tenían prohibido desde la vuelta al sistema democrático. Luego mencionaron una directiva del Ministerio de Defensa que prohibía que ellos conservaran material de la época porque era considerado un delito. Ya casi finalizada la reunión, y bastante desilusionada por no haber obtenido datos, nos despedimos. Cuando se iban retirando, una de las personas que estaban en la reunión se retrasó unos metros y me dijo “buscá a Poli”. Me estaba dando un dato clave. El coronel Jorge Heriberto Poli había sido uno de los principales investigadores e ideólogos sobre la acción psicológica y escribió tres obras fundamentales: Acción psicológica, arma de paz y de guerra (1958), Comunicación social (1979), y Estrategia psicosocial (1979).


La única fuerza militar que me proveyó material concreto fue el Ejército, que me envió a mi domicilio un CD con los reglamentos sobre operaciones psicológicas, procedimientos antisubversivos, técnicas y estrategias de combate. Un material riquísimo y novedoso con el cual ya podía avanzar para construir el marco normativo y reglamentario de la estrategia. Sin embargo me faltaban las órdenes, directivas y planes que se habían elaborado durante el período y que regularon su aplicación. Los mismos fueron hallados en otros archivos consultados: el archivo de Memoria Abierta, el del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y el llamado archivo Banade. Los procedimientos de acción psicológica estuvieron regulados por una serie de decretos y disposiciones militares elaborados entre 1975 y 1981 que se emitieron para coordinar a los responsables, plazos y medios de ejecución orientados a proteger los valores de la cultura occidental y cristiana, consolidar el Ser Nacional y luchar contra las ideologías foráneas impulsadas por el enemigo subversivo que afectaban la moral y las buenas costumbres argentinas. Este diagnóstico se expresó en los documentos encontrados, entre los que destaco la Orden parcial 405/76 (Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión) de mayo 1976; la Instrucción de lucha contra elementos subversivos RC-9-1 de agosto 1976; las Operaciones contra elementos subversivos RC-9-1 de diciembre 1976; las Instrucciones para operaciones de Seguridad RE-10-51 de la misma fecha; la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N° 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78) de abril 1977, entre muchos otros, de carácter público, reservado o secreto.


Que el Ejército sea la única fuerza que me proveyó este material tiene una explicación. Si bien las otras fuerzas tuvieron injerencia a través de planes y directivas sobre diversos temas atinentes a la lucha contra la subversión, fue el Ejército el que se arrogó las principales responsabilidades. Tal y como lo especifica la directiva mencionada más arriba, emitida en abril de 1977, el Ejército tenía la misión de conducir con “responsabilidad primaria” las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional, coordinar acciones en el “esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión”, y conducir el sistema de comunicación social para el apoyo de la lucha contra la subversión. Respecto a esto último, la directiva especifica que, además de la “acción militar” (operaciones militares y de seguridad), el Ejército debía “ejecutar una oportuna, continuada, coordinada, coherente e intensa comunicación social (AS) [3] en apoyo de la Lucha Contra la Subversión, incidiendo sobre la población, el oponente y las propias fuerzas”.


La dictadura militar también dispuso de abundante bibliografía sobre los procedimientos de acción psicológica, la cual era concebida como una de las estrategias clave que acompañaron y complementaron los procedimientos militares desarrollados antes y durante ese período. El coronel Poli fue uno de sus principales ideólogos. Su primer libro fue publicado en 1958 por la editorial del Círculo Militar. Allí definió la acción psicológica como “el recurso de conducción que regula el empleo planeado de todos los medios que influyen sobre determinadas mentes sociales, a través de los más variados métodos y procedimientos, coadyuvando con los esfuerzos físicos en el logro de los objetivos establecidos”. Identificaba a la propaganda como uno de los principales “elementos técnicos” de la acción psicológica y establecía su rol a partir del impacto causado a través de los medios de comunicación, los cuales, según el autor, funcionan como “el combustible o elemento catalizador que aumenta la velocidad de propalación de un determinado medio”. Poli se desempeñó durante el período dictatorial como asesor en la Secretaría de Información Pública (SIP) dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, dato que me brindó su sobrino a través de una comunicación por correo electrónico en el año 2014.


Las FFAA también contaron con bibliografía sobre la estrategia de acción psicológica procedente de fuerzas militares extranjeras. Esta estrategia había crecido en el marco de las doctrinas de “lucha contrainsurgente” y llegó a instalarse en las escuelas argentinas de formación militar a través de los cursos que los militares argentinos realizaron en la Escuela de Guerra Francesa (en los años cincuenta) y en la Escuela de las Américas (en los años sesenta, cuando la influencia norteamericana pasó a ser dominante). La obtención de dicho material me permitió reconstruir las estrategias de lucha contrainsurgente que surgieron en el escenario mundial de la posguerra. Junto a ellas, la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional funcionó como marco ideológico durante todo el período e identificó a la población civil como blanco de control y disciplinamiento.

En 2015 doné toda la documentación que constituyó el corpus de análisis que dio sustento a esta investigación al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI), donde ya fue catalogada y está disponible para su consulta. A ellos también les agradezco profundamente que hayan recibido este archivo fragmentario. El acto de poner a disposición de otros investigadores y del público en general este tipo de materiales, inéditos, secretos y reservados, lo considero esencial por varias razones. La primera, porque visibiliza la construcción de un objeto de estudio todavía fragmentario debido al acceso a documentos incompletos que hay que seguir rastreando, y que permite profundizar y complejizar las narrativas dominantes sobre el período considerado, instalando nuevas dimensiones de análisis como la productiva, ya mencionada en líneas anteriores. Paralelamente, el acceso a los archivos de los perpetradores nos permite avanzar en la puntualización acerca de quiénes produjeron estos materiales, qué documentos guardaron estas instituciones, cómo los organizaron/ clasificaron, y a través de qué criterios o características los dan a conocer hoy.


Por ello, estimo necesario que otras investigaciones aborden estos mismos materiales para darles otra carnadura. Mi análisis tomó un cariz eminentemente descriptivo, en un impulso por reconstruir y dar cuenta mediante reproducciones textuales del carácter sistemático, programado y centralizado en el despliegue de la estrategia de acción psicológica. [4] Abunda en citas y entrecomillados que apuntan a sustentar la principal hipótesis del libro: la existencia de una dimensión productiva de la dictadura, es decir, una estrategia comandada por el régimen militar y orientada a producir valores, regular actitudes y conductas, y buscar formas de adhesión y participación de la población en base a coyunturas (e intereses) específicos y cambiantes. Esto me permitió establecer un patrón de organización y reconstruir un organigrama de actuación de las operaciones de acción psicológica, desarrolladas en el marco de una “estrategia total” que también incluyó operaciones militares y políticas. Lo que el análisis de este material muestra es la existencia planificada y con despliegue sistemático y nacional de una política –nula o escasamente estudiada hasta el momento–, orientada a seleccionar y difundir información, significados, valores y comportamientos, y que, en sus efectos, reforzó las narrativas del régimen. Para continuar complejizando esta estrategia, resta identificar a los responsables de cada una de estas áreas y avanzar en la colaboración civil prestada por agencias de publicidad y agencias de investigación de mercado.


Finalmente, creo de vital importancia continuar el análisis y la reflexión sobre estos materiales tan vigentes para pensar el presente, tanto en sus continuidades como en sus reverberaciones, los cuales nos permiten vislumbrar la diversidad de mecanismos empleados por el régimen militar y complejizar así el ámbito de participación y las formas de complicidad de amplios sectores civiles, empresariales y eclesiásticos. [5] Por otra parte, el acceso a los archivos de las fuerzas militares se encuentra amenazado por el desmantelamiento que el actual gobierno está realizando sobre ese sector: en diciembre de 2017 fueron despedidos setenta trabajadores del Ministerio de Defensa (que se suman al despido de otros cientos), afectando al área que actúa como auxiliar de justicia en los juicios por delitos de lesa humanidad, como así también la Dirección de Género que interviene sobre las Fuerzas Armadas. Recientemente, el presidente Mauricio Macri habilitó a través del decreto 683/2018 la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país, eliminando sin debate legislativo la separación entre seguridad interna y defensa nacional, establecida desde el retorno democrático en 1983 en las Leyes de Defensa Nacional No 23554 (1988), de Seguridad Interior No 24059 (1991) y de Inteligencia Nacional No 25520 (2001), junto al decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional No 727/06.


Estructura del libro


Este libro se focaliza sobre el período 1976-1981 del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, durante el cual se mantuvo estable el elenco conformado por el presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ministro del Interior Albano Harguindeguy, tres personajes clave, también, en lo referido al despliegue de la estrategia de acción psicológica. El Poder Ejecutivo Nacional, junto a la Junta Militar, conformaron el órgano central que reguló la estructura y funcionamiento de la acción psicológica, y tuvieron bajo su órbita a la Secretaría de Información Pública responsable del ciclo de información pública. Harguindeguy, por su parte, lideró el ministerio del Interior hasta el final del mandato de Videla, institución desde la cual se elaboró inteligencia estratégica en materia de seguridad nacional y orden público, insumo esencial al momento de diseñar campañas de propaganda y comunicación. Finalmente, si bien el Ministerio de Economía comandado por Martínez de Hoz no formó parte del organigrama que reguló la implementación de la acción psicológica, él, como figura individual, tuvo un rol clave en la digitacíón de una política comunicacional orientada a “limpiar” la imagen de la Argentina en el exterior para favorecer la llegada de inversiones. Con el objetivo de mejorar la imagen del país en el ámbito internacional, en 1976 contrató personalmente a la agencia de publicidad norteamericana Burson Marsteller, que tuvo una continuada actuación durante el período a partir de diversos encargos que le realizó el gobierno militar. [6]


Con este libro busqué responder a la pregunta, parafraseando a Foucault, acerca de qué condiciones debieron cumplirse durante el período comprendido entre la posguerra y el inicio de la última dictadura argentina para que fuera posible estructurar un discurso capaz de organizar al cuerpo social en torno al binomio amigo/enemigo (Foucault, 2007: 54). Para esto realicé un recorrido que problematizó la emergencia de la acción psicológica como una tecnología de gobierno de la población (Foucault, 2007) que contuvo un conjunto de técnicas, procedimientos y saberes orientados a influir sobre las “mentes sociales” a in de conducir emociones, imponer comportamientos, y modelar actitudes y valores. La misma formó parte, a su vez, de una estrategia política general de poder, en el marco de lo que los militares vislumbraban como una guerra total presente en todos los aspectos de la vida. En el primer capítulo reconstruyo la emergencia de la estrategia de acción psicológica en el marco de una hipótesis de “conflicto permanente” que reguló la actuación de las FFAA occidentales a partir de la posguerra, y dirigió su accionar a resguardar el orden y la seguridad interna. Analizo la elaboración de una doctrina de acción psicológica local –en 1958 se publica el ya mencionado libro de Poli y diez años después el Ejército elabora el primer reglamento sobre operaciones psicológicas– que contó con una fuerte ascendencia de las doctrinas extranjeras, sobre todo francesas y norteamericanas. En el marco de la guerra fría, durante los años cincuenta y sesenta, surgieron en África y América Latina movimientos insurgentes que impulsaron procesos de descolonización a través de nuevas modalidades de lucha identificadas con la “guerra de guerrillas”. Para enfrentarlos, las Fuerzas Armadas elaboraron nuevos mecanismos de contrainsurgencia entre los cuales se encontraban las operaciones de acción psicológica. Así, a la tradicional “lucha armada” se le sumó la “lucha ideológica” en la cual la población civil fue considerada como un blanco u objetivo del accionar militar, porque, según la perspectiva de las Fuerzas Armadas, los movimientos insurgentes no podían ser derrotados debido al apoyo que recibían de la población. Como resultado del análisis concluyo que durante el período que media entre la posguerra y el golpe de Estado de 1976 se articuló un andamiaje legal referido al rol y a las funciones de las FFAA en torno al mantenimiento de la seguridad interna, que provocó que, al momento del golpe de Estado, ya contaran con el esquema organizativo y el armazón jurídico institucional que precisaban para llevar adelante lo que llamaron lucha contra la subversión.


La implementación de la acción psicológica en dictadura está analizada en el Capítulo 2. Este andamiaje legal, ya presente al momento del golpe y que otorgó a las Fuerzas Armadas la primacía en la represión y contención del enemigo interno, caracterizado como una fuerza irregular o enemigo no convencional, contribuyó a cimentar una “legitimidad de origen” construida en torno a la acción militar de lucha contra la subversión. Pero esta legitimidad de origen tuvo que ser renovada y reforzada para que el nuevo orden fuera “reconocido como correcto y justo” (Habermas 1981: 243). A la búsqueda de este objetivo, el régimen militar desplegó una estrategia de acción psicológica para potenciar una “efectiva autoidentificacín con las formas hegemónicas” (Williams, 2009: 163), y la propaganda contribuyó al propósito de lograr el apoyo de la ciudadanía en la lucha contra la subversión, y su participación en el marco de los objetivos propuestos por el Proceso de Reorganización Nacional. La acción psicológica constituyó una de las respuestas que las FFAA locales le dieron a la problemática de la población, instalada por las guerras modernas iniciadas durante los años cincuenta, cuyas hipótesis sostenían que el enemigo se encontraba mezclado entre los habitantes. Asimismo implicó un nuevo modo en el ejercicio del poder que buscó debilitar la moral de la población bajo una ecología del miedo y la amenaza, potenciando el establecimiento de un mecanismo de defensa que se sostuvo en actitudes de autocensura y desconfianza. Paralelamente, inculcó nuevos comportamientos, actitudes y valores, es decir, “produjo” cuerpos y transformó subjetividades, modeladas bajo un miedo espectral y en un escenario de terror permanente.


En el Capitulo 3 identifico cuáles fueron las principales instituciones gubernamentales responsables de elaborar la acción psicológica, qué vínculos mantuvieron con el Ejército, y cómo se articularon para componer el ciclo de desarrollo de la estrategia psicosocial constituido por la obtención de información, la realización de inteligencia (análisis de dicha información) y la elaboración de operaciones de acción psicológica y comunicación social.[7] Ya en dictadura, la acción psicológica adquirió el rango de estrategia psicosocial y formó parte, junto a las acciones militares, políticas y económicas, de una “estrategia nacional contrasubversiva” orientada a combatir al enemigo subversivo. Se desplegó a través de la constitución de un “sistema nacional de comunicación social”, vigente en todo el país, con una dirección centralizada en la Junta Militar, y una ejecución descentralizada en los diversos órganos vinculados a esta tarea. Los diversos procedimientos, decretos y pautas que regularon el comportamiento de los medios de comunicación, incluyeron censura, persecución, clausuras, y apuntaron a regular el impacto que la información tenía sobre la población (denominada factor psicosocial). Hubo áreas especificas abocadas a realizar el control sistemático de los medios y a confeccionar los informes de inteligencia sobre las publicaciones. Estos informes, sumados a la información producida a través de la realización de sondeos y encuestas, constituyeron el insumo para la elaboración de los planes de comunicación y de acción psicológica.


La principal técnica de la acción psicológica fue la Propaganda. A través de ella el régimen buscó profundizar el consenso sobre sus actos, discursos y procedimientos. En el último capítulo analizo un vasto corpus de piezas gráficas, y en menor medida audiovisuales, compuesto por avisos de propaganda, publicidades comerciales, solicitadas públicas, fotografías y titulares de periódicos. La Propaganda, producida de forma oficial pero también procedente de otros sectores sociales, empresariales y eclesiásticos, se ocupó no sólo de difundir las políticas públicas y los “logros” del gobierno militar, sino también los valores morales y aquello que se esperaba de la población en el combate contra las ideologías extremistas apátridas, las ideas subversivas y todo aquello que vulnerara el ser nacional u ofendiera la civilización occidental y cristiana. Este material funcionó como propaganda del régimen militar, y lo analizo a partir de dos estrategias comunicacionales que he llamado “Ganar la Guerra” y “Ganar la Paz”. Estas grandes narrativas estuvieron compuestas, a su vez, por un conjunto de enunciados que funcionaron como un discurso social que instituyó un “conjunto complejo de reglas prescriptivas de diversificación de lo decible y de cohesión, de convalescencia, de integración” (Angenot, 2010: 24). Así, la Propaganda se desplegó bajo el objetivo de modular deseos e implementar tecnologías de corrección moral codificadas en términos refundacionales, como parte de una estrategia total pensada por el régimen militar y que abarcó todos los aspectos de la vida.

[1] Véase http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162573/norma.htm [acceso 5/2015]


[2] Mucha de esta documentación ya estaba en manos de los jueces que llevan adelante las causas contra los militares represores.


[3] AS fue la abreviatura utilizada en los documentos oficiales para referirse a la acción psicológica. A in de evitar confusiones con el modo en el cual se utilizan las abreviaturas en las fuentes citadas, tomaré esta sigla para referirme a la acción psicológica. Sin embargo, a lo largo del libro utilizaré de forma indistinta tanto la abreviatura como el término completo.


[4] En relación a las citas, cuando haga referencia a términos o frases que remitan al corpus documental utilizaré cursivas. Cuando se trate de citas textuales más extensas de dicho material, las colocaré entrecomilladas. Todo el material documental será citado de la siguiente manera: siglas de la fuente, año y número de página en caso de corresponder. Así, por ejemplo, las citas tomarán este formato (EA, 1976: 3), si se hace referencia a un documento elaborado por el Ejército Argentino en el año 1976.


[5] En ese sentido, es clave la imputación de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusado de crímenes de lesa humanidad y de su probada colaboración con el Ejército en operaciones de acción psicológica. En el año 2012 los iscales federales José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani iniciaron una causa judicial contra la cúpula directiva del diario por la publicación de noticias falsas y la manipulación (ocultamiento y/o tergiversación) de información, así como su vinculación con los secuestros y homicidios de los delegados sindicales y trabajadores del matutino Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. En abril de 2013 los fiscales solicitaron la detención de Massot, único superviviente de dicho núcleo gerencial. Luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca beneficiara con falta de mérito a Massot, los fiscales Palazzani y Nebbia presentaron un recurso para que la Cámara de Casación Penal revierta el fallo, pero la queja fue declarada inadmisible. Ante esta decisión, el fiscal general Javier De Luca interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que todavía se encuentra pendiente de resolución. [Fuente https://juiciobahiablanca.wordpress. com y www.iscales.gob.ar Acceso octubre de 2018]


[6] Si bien no analizo este tipo de campañas internacionales porque sólo me focalizo en las campañas de propaganda internas, me parece clave mencionar este dato para complejizar la figura y la actuación que tuvo el ministro de Economía también en este punto, utilizando su “prestigio” y contactos externos para favorecer el desarrollo de sus políticas económicas.


Muchos de los materiales de propaganda orientada al exterior, fueron elaborados en respuesta a la llamada “campaña antiargentina” que aludía a las denuncias realizadas por los exiliados argentinos en el exterior sobre las violaciones del gobierno militar a los derechos humanos. En octubre de 2014 el diario Página/12 difundió el hallazgo en la agregaduría militar de Sudáfrica (que depende del Ministerio de Defensa) de material propagandístico de la última dictadura. También en ese año se encontró en la embajada argentina en Washington el informe titulado “Mejorando la imagen internacional de la Argentina” que la agencia Burson Marsteller elaboró a pedido de Martínez de Hoz. Estos materiales fueron recuperados a partir del trabajo de la Comisión de Relevamiento de la Memoria Histórica de la Cancillería, durante la gestión kirchnerista.


[7] Es importante mencionar que me focalicé en la estrategia de acción psicológica desplegada sobre el conjunto de la población, pero ésta también se desarrolló sobre las propias fuerzas militares con el objetivo de sostener y reforzar su moral (está documentado el caso de los soldados durante la guerra de Malvinas, en 1982). Asimismo, si bien analizo a través de normativas, reglamentos y directivas oficiales la acción psicológica “oficial” (realizada desde los máximos órganos de gobierno), queda pendiente el abordaje de cómo estos procedimientos fueron ejecutados a través de operaciones clandestinas que respondían a intereses coyunturales de las fuerzas, como las operaciones elaboradas por iniciativa del almirante Massera en el Centro Clandestino de Detencín instalado en la ESMA. Allí́, funciona una oficina donde detenidos desaparecidos eran puestos bajo coerción a analizar la información difundida por diversos medios de comunicación y en variadas ocasiones debieron elaborar propaganda en respuesta a la “campaña antiargentina”. Este es uno de los casos paradigmáticos y ha sido testimoniado por Raúl Cubas, quien estuvo en cautiverio en ese centro clandestino.


Finalmente, es importante destacar que la acción psicológica también fue implementada en otros países vinculados a través de la Operación Cóndor. En Chile se ejecutó un programa de “preparación psicológica de la población para contrarrestar la acción marxista”, el cual comenzó a funcionar en noviembre de 1973 y fue elaborado por el psicólogo Hernán Tuane Escaff, quien tuvo a su cargo la asesoría civil del Departamento de Relaciones Humanas y Conducta Social de la Secretaría General de Gobierno.

Lotty Rosenfeld "Palacio Presidencial La Moneda" 1985 Impresión digigraphie b/n (Fotografía de una acción de arte) 56 x 76 cm


Entre las figuras poéticas y retóricas, Adynata (plural de Adynaton, que suena a palabra femenina en castellano) compone lo imposible. Procura insurgencias, exageraciones paradojales, lenguas inventadas, disparates colmados, mundos enrevesados, infancias en las que “nada el pájaro y vuela el pez”.